Mi madre tiene 89 años. Durante toda su vida ha sido una mujer autosuficiente, acostumbrada a valerse por sí misma sin necesitar ayuda. Sin embargo, en los últimos años ha sufrido pérdidas muy duras, como la de dos de sus hijos, y eso, unido a su avanzada edad, ha provocado un deterioro físico y cognitivo importante.
Desde hace aproximadamente un año comenzó a necesitar apoyo, pero la situación se agravó especialmente en abril de 2026. Una pérdida de estabilidad hizo que ya no pudiera seguir acudiendo al centro de día al que iba con regularidad, y pasó a permanecer en cama. Desde entonces, el empeoramiento ha sido rápido.
Actualmente no puede realizar por sí misma las actividades básicas de la vida diaria. Necesita ayuda constante y, para su movilización, es necesario utilizar grúa y silla de ruedas.
Hasta ahora, el cuidado ha recaído principalmente en mí, su hija. Hemos intentado sostener la situación en casa y buscar alternativas, pero con el agravamiento de su estado y mis propios problemas de salud, ya no es posible garantizarle los cuidados que necesita para vivir con dignidad.
Por ello, la mejor opción ha sido su ingreso en una residencia, donde ya se encuentra actualmente. Está en lista de espera para acceder a una plaza concertada con el Gobierno de Aragón, pero estos procesos pueden alargarse durante meses, incluso más de un año.
El problema es que, mientras llega esa ayuda pública, el coste de la residencia es muy elevado y difícil de asumir. Esta campaña nace precisamente para cubrir ese periodo de espera y poder mantenerla en un entorno adecuado y seguro.
No se trata de una situación excepcional, sino de una realidad que viven muchas familias: el sistema reconoce la dependencia, pero la respuesta no siempre llega a tiempo.
