Mi nombre es Saima. Hasta hace muy poco, mi vida estaba dedicada a la ley y la justicia en la Oficina del Fiscal General de Afganistán. Como fiscal, mi misión era clara: investigar casos penales, proteger los derechos de las mujeres y fortalecer el estado de derecho en mi país. Sin embargo, tras la toma de poder del grupo talibán en agosto de 2021, mi mundo se derrumbó.
Mi labor profesional como mujer en el sistema judicial, sumada a mi pertenencia a la minoría étnica hazara y a la fe chií, me puso en el centro de una diana. Al tener acceso a registros judiciales de casos criminales graves, me convertí en un objetivo directo. Grupos extremistas y personas vinculadas a los talibanes comenzaron a amenazarme a mí y a mi familia con persecución, violencia y muerte, exigiéndome que eliminara sus antecedentes penales de los sistemas bajo mi control.
He vivido el horror de cerca: desde un ataque suicida junto a mi oficina en Kabul, hasta recibir órdenes de arresto formales, amenazas de asesinato, secuestro y agresión física. No es solo miedo; es una amenaza real y documentada que nos obligó a dejarlo todo para intentar sobrevivir.
Actualmente, nos encontramos refugiados en Pakistán junto a nuestras dos hijas. Salimos de Afganistán el 24 de febrero de 2022 buscando un lugar seguro, pero allí la seguridad no está garantizada. Vivimos sin un estatus legal estable y con el riesgo constante de ser deportados de vuelta a las manos de quienes nos persiguen.
Regresar a Afganistán significaría, sin ninguna duda, la tortura o la muerte para nosotros y un destino devastador para nuestras hijas, condenadas bajo el régimen talibán.
Necesitamos ayuda para pagar los permisos de salida de Pakistán, y así buscar un hogar seguro.
